Este mes, el grupo de trabajo a cargo de la operación Lava Jato fue disuelto por el procurador general de Brasil. El fin de la operación anticorrupción, cuya acción cambió la historia de Brasil y de América Latina, pudo haber suscitado una reacción encendida: para unos se trata de uno de los pocos esfuerzos contra la impunidad a políticos y empresarios que debe seguir activa y para otros es un ejemplo más de politización de la justicia que nació con severas fallas de origen.

Se esté a favor o en contra de la operación, queda clara una cosa: el tejemaneje entre corrupción y política sigue estando al orden del día. El mismo día1 en el que se anunció la disolución de la operación, Arthur Lira, un político investigado por posibles actos de corrupción, fue electo presidente de la cámara de diputados.

Pero ni en las calles ni en las redes sociales, ninguno de los dos anuncios generó mayor indignación. El inmenso capital político y social acumulado por el Sergio Moro, el célebre juez que inició Lava jato, y los procuradores se ha ido evaporando en los últimos años. Y esto lleva a otra conclusión: En lugar de ayudar a erradicar la corrupción, lograr mayor transparencia en la política y fortalecer la democracia, la famosa operación contribuyó al caos que hoy vive Brasil. Se vendía como la mayor operación anticorrupción del mundo, pero se volvió el mayor escándalo judicial de la historia brasilera.

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